Conflictos y violencia

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Conflictos y violencia en América Latina y el Caribe las nuevas amenazas a la ciudadanía 

La naturaleza e intensidad de los conflictos violentos y armados varía de una región a otra en el mundo y ninguna está libre de potenciales amenazas a la paz y a la seguridad. En relación con los conflictos armados interestatales, América Latina y el Caribe es considerada como una de las regiones más pacíficas, aunque, siguen pendientes de solución muchos temas de gobernabilidad que generan conflictos de distinta naturaleza (Lund, 2003:17).

No obstante, estudios recientes muestran que Latinoamérica es la región más pacífica, pero que a la vez presenta las mayores desigualdades sociales. Las tendencias al desarrollo de conflictos violentos o armados son similares a las mundiales, con un decrecimiento de los conflictos interestatales. Esto último se debe al desarrollo de diversos mecanismos de arbitraje nutridos por el desarrollo del derecho internacional y por la creación de organismos regionales y sub-regionales y de mecanismos ad hoc que facilitan las negociaciones y el establecimiento de acuerdos. También se observa un marcado crecimiento de los conflictos internos e intermésticos, bajo el impacto de los diversos flujos asociados a la globalización, y con significativas diferencias subregionales entre el Caribe, Centroamérica, los países andinos y el Cono Sur (Serbin, 2003b). En este sentido, los conflictos intraestatales, son cada vez más complejos por el impacto de la globalización y de los flujos transnacionales, y se asocian a una creciente polarización social. En algunos casos como en Venezuela dan lugar a procesos de polarización política con secuelas de ingobernabilidad y debilitamiento institucional (Ellner, 2003). En otros casos, como en Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala dan lugar al enfrentamiento étnico. Sin embargo, con excepción de Colombia, América Latina no es en la actualidad una región afectada por conflictos armados internos. En este sentido, si bien a partir del fin de la Guerra Fría se produjo a una disminución de los conflictos interestatales, simultáneamente se amplió el potencial de crisis y de amenazas que pueden devenir en conflicto armado generando una mayor diversidad de las fuentes que las originan, de su naturaleza y de su escala (Lund, 1996: 18).

En este proceso, es evidente que mientras los mecanismos de derecho internacional que contribuyen a la disminución de los conflictos interestatales han tendido a desarrollarse y a fortalecerse, la capacidad del Estado y, en particular, del Estado de Derecho, ha tendido a debilitarse, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de mecanismos de prevención y de resolución de nuevos tipos de conflictos que emergen en su interior. Éstos, por su parte, han asumido nuevas formas de violencia, más difusas y menos identificables con la guerra en el sentido convencional, lo que impide establecer claras diferencias entre lo que se asume como conflicto armado y lo que se define como conflicto violento, así ambos sean letales, en el seno de una sociedad o de un Estado. Esta violencia es asociada por algunos autores, como Goodhand con “ecologías de violencia” (2006:10), en la que se interconectan diversas formas de violencia armada o no, con continuidades y discontinuidades difíciles de prever. Se trata de una violencia difusa, que dificulta establecer con claridad, la transición de un conflicto violento a un conflicto armado, y definir dónde y cuando comienza y termina. La gran paradoja de esta situación es que, si bien en la actualidad existen más mecanismos para prevenir y frenar las guerras convencionales, no se ha avanzado lo suficiente en el desarrollo de mecanismos adecuados para prevenir la derivación de la violencia estructural, social, étnica y religiosa en conflicto armados.

Sin embargo, dentro de este panorama general, en América Latina y el Caribe es posible afirmar, como lo hace Mesa (2007: 47), que la violencia político-militar ha disminuido notablemente con los procesos de paz en Centroamérica y el fin de la violencia en Perú, pero han aparecido y se han activado nuevos tipos de violencia social, ligados al crimen organizado y las redes transnacionales, con lo cual la región se enfrenta a crisis que afectan a la gobernabilidad y ante las cuales se observa una creciente debilidad estatal. La expansión del narcotráfico y del crimen organizado, la debilidad de las instituciones y del Estado con sus consecuentes problemas de gobernabilidad, la proliferación de armas ligeras, la desigualdad y la exclusión social, con sus secuelas de las llamadas ciudades divididas o fragmentadas (Kruijt y Koonings, 2007), los altos costos de la violencia social, sumados a la fragmentación étnica, las aspiraciones secesionistas y la polarización política, tienden a configurar un cuadro altamente preocupante, con la aparición de nuevos tipos de conflicto violento.

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En este sentido, la tipología de conflictos elaborada por Doom y Vlasenroot (1997) parece particularmente apropiada para el caso de la región. Estos investigadores plantean cuatro tipos de conflictos que potencialmente pueden llevar a la violencia y, eventualmente, a un conflicto armado: conflictos de legitimidad, de desarrollo, de identidad y de transición.

En primer lugar, los conflictos de legitimidad, vinculados a las fragilidades de los sistemas democráticos, tanto con relación a una participación política restringida o limitada como a una distribución desigual de las condiciones de bienestar. Un caso ilustrativo extremo (y posiblemente el único desde la eliminación de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en Perú) es el de Colombia, donde se da una confrontación armada entre el Estado y grupos irregulares desde hace más de cuatro décadas y donde la legitimidad del sistema democrático es cuestionada por movimientos insurreccionales o fuerzas irregulares, cuyas fuentes de financiamiento están ligadas al narcotráfico y al secuestro extorsivo. Por otra parte, en relación con los conflictos de legitimidad, también es necesario considerar, en la experiencia latinoamericana, el importante rol de las fuerzas armadas como actor político, que al imponer gobiernos de facto en el pasado, acentuaron la violencia armada en el marco del terrorismo de Estado. Esto dejó secuelas significativas de autoritarismo social (Dagnino, 2006: 227) en las respectivas culturas políticas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes países (Assis de Almeida y Pinheiro, 2006: 406). En ambos casos, actualmente el Estado se enfrenta con severas limitaciones para desarrollar políticas que logren dar salida a estas situaciones y reparar los severos daños causados a su legitimidad.

En segundo lugar, los conflictos de desarrollo asociados a la distribución desigual de recursos y que generan una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. De hecho, en la región, se puede señalar la existencia de un conflicto estructural como consecuencia de un sistema social que ofrece oportunidades desiguales a sus miembros, con un acceso diferencial a los beneficios del desarrollo y a la capacidad de decisión en torno a la asignación de diversos recursos. Por otra parte, este desequilibrio afecta también a diferentes regiones al interior de los Estados, particularmente entre las áreas rurales y las grandes concentraciones urbanas, donde se agudizan las situaciones de pobreza, desempleo y exclusión social en el marco de los flujos migratorios internos, y se genera una tendencia creciente al incremento de la violencia urbana. Adicionalmente, los conflictos de desarrollo, con frecuencia se articulan a tensiones y disputas medioambientales, que se disputan actores diversos en un amplio espectro que va desde los gobiernos de los países, las corporaciones transnacionales, las elites económicas y políticas, y las poblaciones indígenas, derivando en algunos casos en confrontaciones violentas.

Y en especial, si estos conflictos, de legitimidad y de desarrollo, se articulan con un tercer tipo de conflictos, los conflictos de identidad, que afectan a grupos excluidos por sus diferencias étnicas, tribales o lingüísticas, y que buscan la protección de una identidad propia, frecuentemente asociada a territorios ancestrales y a patrimonios culturales distintivos. En el caso de América Latina y el Caribe, la mejor ilustración de este tipo de conflictos se da con el desarrollo, en décadas recientes, de los movimientos indígenas que reclaman el derecho a la autodeterminación, a una mayor autonomía y a la representación política por el control del territorio y los recursos naturales. Asimismo, especialmente en el caso de los movimientos indígenas en Bolivia, la legitimidad del orden jurídico-institucional del Estado, frecuentemente es cuestionada no sólo a través de las movilizaciones masivas, con logros políticos importantes, aunque generalmente coyunturales, sino desde una tradición comunitaria que pone en cuestión la misma existencia del Estado y la institucionalidad vigente [1]. Paradójicamente, las reivindicaciones identitarias no se desvinculan, en el contexto latinoamericano y caribeño, de los problemas de exclusión socioeconómica y de legitimidad, en sociedades donde la diversidad étnica no ha venido asociada al pluralismo político, a la inclusión social y a la representatividad política plena.

Finalmente, y en cuarto lugar, Doom y Vlasenroot, plantean la existencia de conflictos de transición, referidos a las luchas entre fuerzas rivales por el poder, con intereses divergentes, en momentos de transición o de cambio político. Si bien, desde la década de los ochenta y con la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica y la reinstauración de la democracia, la violencia político-militar ha disminuido notablemente, todavía persisten violaciones de los derechos humanos sin resolver, en el marco de transiciones políticas hacia la consolidación de los sistemas democráticos. En la opinión de algunos analistas, aún falta en América Latina y el Caribe, llegar a una “segunda transición democrática” que permita una efectiva consolidación institucional de los sistemas democráticos [2] (del Álamo 2004:8).

Sin embargo, frecuentemente es difícil, en el caso latinoamericano, establecer claras distinciones analíticas entre los cuatro tipos de conflictos planteados por Doom y Vlaseroot, en tanto su derivación en violencia o confrontación armada obedece, generalmente, a una combinación de factores y una multicausalidad, en dónde convergen diferentes dimensiones de la realidad social y política.

Las actuales falencias y debilidades del Estado responden tanto a las presiones y recortes impuestos por las políticas de ajuste impulsadas en décadas pasadas, como a las crecientes tensiones generadas por los procesos de globalización, en los ámbitos económico, financiero, tecnológico e informativo. El Estado se encuentra limitado para impulsar políticas sociales eficientes y para mediar, a través de mecanismos consolidados de diálogo, en las tensiones y conflictos que emergen entre los diferentes grupos y sectores. Este cuadro incide en un creciente desequilibrio regional interno de los estados, generando el incremento de contingentes poblacionales de excluidos, que se encuentran cada vez mas expuestos a “formas de supervivencia anómicas marginales, criminales o no convencionales” (CIIIP, 2002:39).

A esta forma de exclusión se suman también las tensiones culturales, como resultado de la discriminación de amplios sectores de la población del consumo, por la imposición de hábitos asociados con la globalización comunicacional (Serbin, 2002), y por el impacto directo de la globalización en el incremento del tráfico ilícito de personas, armas, drogas y capitales. Estos flujos se benefician de las oportunidades ofrecidas por la apertura y la liberalización económica y el potencial de las nuevas tecnologías, con lo cual la violencia asociada a estas actividades también se transnacionaliza, exigiendo políticas que desbordan el marco de la política y de la acción de gobierno del Estado-nación (Mesa 2006:1). En este marco, surgen nuevos actores y agentes promotores de conflicto, con frecuencia en espacios fuera del control de las instituciones del Estado, dando lugar a tipos de conflicto noveles, de carácter transnacional que, como ya mencionamos, no se encuentran regulados por el derecho internacional o lo hacen impracticable (CIIIP, 2002: 40).

En suma, la guerra, la paz y la violencia en América Latina y el Caribe no presentan rasgos idénticos a las que predominan en otras regiones y están estrechamente asociados, en la naturaleza de sus conflictos distintivos, con la formación y evolución del Estado-nación, tanto en el momento de su conformación y génesis durante los procesos de independencia como en su evolución posterior y, particularmente, en su desarrollo en la etapa de restauración y consolidación democrática (CIIP, 2002: 77). No obstante, la canalización de los conflictos a través de marcos institucionales adecuados los puede convertir en instrumentos de transformación social que contribuyan a modificar o eliminar situaciones de desigualdad e injusticia social. Sin embargo, en tanto el conflicto es inherente al cambio social, particularmente en sociedades altamente fragmentadas y polarizadas, la responsabilidad primordial de un Estado y de una sociedad democrática es evitar que derive en un conflicto violento, y que eventualmente se transforme en un conflicto armado y letal.

Notas:

[1]. Adicionalmente, los movimientos de afro-descendientes han comenzado a adquirir una protagonismo creciente en sociedades donde constituyen una proporción significativa de la población pero donde persisten formas de discriminación y exclusión social asociadas con la etnicidad.

[2]. No obstante, como bien señala del Álamo, la relación democracia-conflicto es una dinámica que se retro-alimenta en la medida en que, por un lado, una institucionalidad democrática arraigada conduce a un mejor desempeño en materia de reducción y resolución de conflictos. Por otro, que en condiciones de baja conflictividad social, buen desempeño económico, y distensión de las demandas, los desafíos que enfrenta la etapa de transición disminuyen o son más bajos que los de una configuración opuesta como es aquella que predomina en la mayor parte de los países de la región. Del Álamo añade a esta tipología los conflictos de género, que refieren a las estructuras de discriminación que sostienen y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres sobre la base de una estratificación en la cual las últimas ocupan una posición inferior (del Álamo 2004:19), con frecuencia dando lugar a situaciones de violencia interpersonal de carácter doméstico que afectan no sólo a las mujeres, sino también a los niños y a los ancianos, y que dan lugar a fenómenos como la llamada “feminización de la pobreza” señalada por la CEPAL.

Fuente: http://goo.gl/cyPsVs

 

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